El rescate encubierto

A cada país miembro del FMI se le asigna una cuota —basada en general en el tamaño de la economía del país en relación con la economía mundial— que determina su contribución máxima a los recursos financieros de la institución. En diciembre de 2020 está prevista la Decimosexta Revisión General de Cuotas, en la que España se beneficiará de una enorme reducción de sus aportaciones debido a la previsión de caída de su PIB en un 13%, como consecuencia del Covid-SARS-2.

En junio de 2010 se estableció el Fondo Fiduciario para el Alivio de la Deuda después de una Catástrofe (FFADC) para proporcionar alivio de la deuda después de una catástrofe. Este fondo se financió inicialmente con recursos propios del FMI por un monto de DEG 280 billones de dólares. En 2015 el FMI amplió el FFADC, para transformarlo en el Fondo Fiduciario para Alivio y Contención de Catástrofes (FFACC), a los efectos de poder ofrecer un alivio excepcional de la deuda a los países que están afrontando importantes desastres internacionales de salud pública que constituyen una amenaza para la vida, la actividad económica y el comercio internacional de varios países.

Considerando que España (e Italia) estaban quebradas, aquí tienen la solución sin reconocer que nos hemos visto en la necesidad de pedir un rescate.

Todo lo demás, desde el tonto Simón hasta los imbéciles que aplauden puntualmente su reclusión a las 20:00, son mera comparsa.

Y, ya de paso, nos llevamos por delante los siguientes derechos fundamentales y libertades públicas:

  • Derecho a la vida y a la integridad física. -Derecho a la libertad religiosa y de pensamiento.
  • Derecho a la libertad personal.
  • Derecho a la libertad de residencia y circulación.
  • Derecho a la libertad de información y expresión.
  • Derecho de reunión.
  • Derecho a la tutela judicial efectiva.
  • Derecho al Trabajo.
  • Derecho a la objeción de conciencia.

Todo ello, al lamentable precio de decenas de miles de compatriotas muertos.

Ignacio Menéndez

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