Crisis total de España

Hay múltiples evidencias que España atraviesa una crisis en todos los órdenes. La cosa no es de ahora, sino que viene de bastante atrás. La irrupción del COVID-19 no hizo más que agravarla hasta el límite de lo imposible.

En el plano político hay una deplorable falta de liderazgo y de pericia en pilotar el Estado, como nunca habíamos experimentado en la larga Historia de España. Un gobierno y sus adláteres plagado de mediocridades, con formación menor, pasando por astronautas despistados. Un gobierno que puso tanto empeño en profanar un recinto religioso y la tumba de un Jefe de Estado, como tiene ahora que poner en enterrar decenas de miles de muertos, a falta de una contabilidad real. Ministros que explican sencillos instrumentos de gestión laboral como idiotas, y que incluso se ríen de su aparente ingenio. Otros, en fin, balbuceantes en sus comparecencias, inseguros, equívocos, incapaces de realizar compras centralizadas y de garantizar con ello la seguridad de la población. Unos gobernantes, en definitiva, ineptos para “la alta función de gobernar”.

En lo social, nuestra otrora numerosa clase media -garantía de la estabilidad de una nación- cada vez está más atacada, creciendo las grandes fortunas y también los españoles en el umbral de la pobreza. La protección al empresario y al trabajador es menor que hace años, y se trata mejor al inmigrante que a los propios nacionales con ayudas y subsidios de todo tipo.

En lo económico, hemos renunciado a sectores productivos básicos y a industrias estratégicas, haciéndonos dependientes de la importación. También somos tributarios del exterior de fuentes de energía básicas, por un ecologismo mal entendido y peor practicado. El peso de la deuda pública es asfixiante y el sistema de previsión social amenaza quiebra. La situación actual ha hecho saltar por los aires la precariedad de muchos empleos y de tantas previsiones empresariales, abocados al paro unos y al cierre de sus negocios otros, aderezado todo por la desaparición de innumerables autónomos. Por otra parte, la deslocalización de la gran industria va a ser una realidad aún mayor y el sector turismo, la principal actividad económica nacional, va a experimentar un retroceso gigantesco.

En lo sanitario, que puede decirse: cuando la OMS en febrero ya advertía del riesgo, aquí estos insensatos fomentaban lo de “sola y borracha”, con espectáculos públicos y aquelarres callejeros del 8M. 

No sólo se llegó tarde, sino también mal: asesores tan despistados como el gobierno, ausencia total de dirección, medidas improvisadas cuando no erráticas, carencia de materiales básicos, confusión en los análisis y en las proyecciones,…que más que no se haya dicho ya. La realidad son las decenas de miles de muertos, la segunda tasa de mortalidad y la primera de contagio del mundo y la mayor tasa mundial de sanitarios contagiados, entre otros indicadores, que serían suficientes para iniciar acciones criminales por homicidio imprudente contra los responsables.

En lo jurídico, al margen de una justicia cada vez más mediatizada por lo político y de la quiebra de la división de poderes, se está abusando de una figura con límites tasados como es el estado de alarma, siendo en realidad un estado de excepción. Las diferencias en la declaración de uno y otro suponen el motivo fundamental por el que el gobierno está más cómodo en el estado de alarma, aunque sea a costa del cumplimiento de una ley orgánica o del interés nacional.

Pero aún hay más. Y es la quiebra del sistema político. Una quiebra protagonizada no por sus detractores, sino por quienes aparecen como sus mayores defensores, de manera que quien ose defender alternativas queda condenado al estigma o al anatema. El ordenamiento político-jurídico constitucional tiene varios pilares fundamentales. Entre ellos, el respeto a la propiedad privada, la tutela judicial efectiva, la libertad de expresión y el parlamentarismo partitocrático.

Hoy todos son inexistentes o están fuertemente limitados. La propiedad está más amenazada con los reales decretos de medidas sociales aprobados recientemente, al menos en lo que a la propiedad inmobiliaria se refiere, además de los mensajes explícitos de miembros del gobierno ávidos de nacionalizar y de expropiar. La tutela judicial está en entredicho  con el reciente plan del Consejo General del Poder Judicial de limitar notablemente el derecho de defensa de los ciudadanos, que motivó la queja unánime de los Colegios Profesionales. La libertad de expresión es inexistente desde el momento en que se ha declarado formalmente la monitorización de las redes sociales, defendida no por el ministro de Justicia, sino precisamente por el de Interior. Igual sucede con la libertad de prensa, estando los principales medios subvencionados por el gobierno. Y la actividad parlamentaria, con las Cortes cerradas, con las únicas interrupciones quincenales para prorrogar las medidas excepcionales que sufrimos los españoles. Nunca jamás un gobernante, en la edad moderna, tuvo tantos poderes como el actual presidente, con tan poco control.

De las más altas instituciones del Estado, poco cabe decir, encerradas en un papel testimonial, decreciente, sometidas a continuos desplantes cuando no a amenazas directas por parte de los mismos socios del gobierno, dichas incluso desde la tribuna del Congreso.

Estamos por ello ante una verdadera crisis total en España, acentuada por la pérdida de valores de referencia, esos principios básicos e inmutables de los que los españoles siempre echamos mano cuando las cosas se ponían feas. Y que con ellos, con genio y con raza, siempre salimos adelante. 

Pero las picas y alabardas de antaño se tornan hoy en débil cañizo. Nuestro legendario espíritu rebelde y fiero es quimera de un pueblo domesticado, infantilizado, en el que caló hasta el tuétano el “pensamiento Alicia”. Un pueblo que -ante una tragedia nacional inconmensurable de la que ni se sabe hasta dónde van a llegar sus consecuencias- aplaude enfebrecido, baila en las terrazas y asiste impávido a las teleprédicas de la paella dominical de un presidente con corbata de colores, sobreactuado y cursi hasta lo imposible, y de una caterva de supuestos expertos y altos cargos tan prescindibles como ineficaces. Todos cortados por el mismo patrón que su jefe: largas peroratas sin decir nada, donde equivocan el discurso a pesar de llevarlo escrito, frases huecas, impostura. Y con los medios de comunicación maniatados, previamente elegidos y sin poder repreguntar.

Mala salida se vislumbra para España en esta crisis total, con el actual sistema de partidos. Con la absoluta incompetencia del gobierno y la pasividad de la oposición, tacticista y acomplejada. 

¿Qué plan de contingencia van a elaborar los mismos que nos condujeron hasta aquí?.

Para reconducir la situación actual y la peligrosa deriva que se vislumbra -con la faz del bolivarismo republicano asomando-, cabe un gobierno de salvación nacional, pero alejado de los partidos del sistema. Un gobierno de salvación formado por gente que sepa y que tenga a España como referencia. Un gobierno de salvación nacional formado por técnicos y por militares.

Por esos técnicos, grandes profesionales, que existen en los ministerios y en las diferentes administraciones públicas (sanitarios, economistas, letrados,…), que saben de gestión, de aprovisionamientos, de estadísticas, de análisis, de redactar normas que este gobierno demuestra desconocer cada vez que acude al BOE. 

Y por militares. Sí por militares. Que -pese  a todo- son, junto a los profesionales de la sanidad, de la seguridad y de los servicios esenciales, los únicos eficaces y tremendamente eficientes en esta crisis nacional total. Que están acostumbrados a la disciplina, al trabajo en equipo, a la resistencia, al sacrificio, al espíritu de servicio, a la organización y planificación medida de sus acciones y, que por encima de todas las cosas, tienen a España como norte de su actuación. 

Además, y por cierto, la última vez que un militar rigió los destinos de España, no fue tan mal la cosa, ni desde el examen ni desde la comparación. 

No hay más que verlo.

Benigno  Maújo

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