Los “menas”: la invasión silenciosa que destroza los pueblos

España se ha convertido en la primera puerta a Europa de inmigrantes gracias a la política de puertas abiertas, “sanidad universal gratuita” y pagas sociales de Pedro Sánchez, con más de 65.000 llegadas de ilegales en 2018, de las que más de 6.000 fueron menores no acompañados que llegaron por mar. La cifra de menores extranjeros solos que accedieron a costas españolas en 2018 ha aumentado casi un 160% con respecto a 2017, cuando se contabilizó la llegada de 2.345 menores por vía marítima.

De acuerdo a datos del Ministerio del Interior, 2018 cerró con 13.012 personas en el Registro de Menores Extranjeros no Acompañados.

Más de la mitad de los menores extranjeros no acompañados (Menas) que ingresan en esos centros terminan abandonándolos, para terminar en la calle en busca de ubicación para solicitar la ayuda social generosa que proporciona la benevolente España.

Centros de menores de Ceuta, Melilla, Andalucía y la Comunidad Valenciana, con un predominio de magrebíes, están desbordados y arrojan hacinamiento. La marcada propensión inadaptada y criminal de los menores hace que localidades valencianas como Buñol hayan sufrido los últimos dos años una espiral delictiva continuada basada en agresiones sexuales, robos y reyertas. Recientemente, en una localidad catalana, Canet de Mar, se ha constituido una plataforma vecinal contra el elevado número de delitos que cometen en la zona un grupo de “menas” alojados en la “casa de colonias de Can Brugarola”, propiedad de la alcaldesa Blanca Arbell del partido separatista y proinmigracionista ERC.

El gobierno marroquí, amparado por Naciones Unidas, exporta a España miles de menores bajo el pretexto de la “ayuda humanitaria” mientras las autoridades gubernamentales moras y la realeza alauí nadan en la abundancia de fortunas compartidas con las élites políticas locales anidadas en el negocio de las mafias de la droga y de la inmigración que trasladan a España.

El derecho a “reagrupación familiar”, al que los menores se acogen tras una estancia continuada en España, así como los falsos empadronamientos masivos de marroquíes en pisos alquilados por oenegés, se han convertido en instrumentos para la captación de beneficios y ayudas sociales por parte de inmigrantes que en el caso de Valencia superan los 500 euros y en el de Cataluña los 600. A ello hay que añadir la tarjeta sanitaria de asistencia gratuita y universal proporcionada por las autoridades españolas.

Inmuebles y locales públicos antaño beneficiosos para el desarrollo local y turístico de gran número de pueblos, como el Albergue del pueblo valenciano de Alborache, han sido arrebatados por las autoridades autonómicas valencianas para ser convertidos en “centros de recepción” de “menas”, con la amenaza de inseguridad y menoscabo a la integridad física de la población local que ello conlleva al tratarse de pueblos sin efectivos de Policía Local ni Guardia Civil próximos. La resistencia social a la llegada de estos menores sigue marcando la actuación de la Plataforma vecinal de oposición, la llamada Plataforma Ciudadana Independiente de Alborache que continua con movilizaciones de protesta semanales, y no descarta acciones legales.

J. M. Pérez

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