Cuarenta años bajo papel mojado

Ahora, que ya decae  la tarde  y  las alharacas democráticas han perdiendo todo su pedante brío, tras copiosas comilonas y digestiones pesadas a cuenta de los Presupuestos Generales, vamos a realizar un  breve  análisis sobre la Constitución Española y sus  40 años. Porque, sin ningún género de dudas, podemos afirmar que, a fecha de hoy,  los españoles estamos mucho más lejos, que en 1978, de los derechos y libertades proclamados en la carta magna.

No entraremos  en  maximalismos ideológicos o en una crítica política a la Constitución.  Tampoco en el relato  histórico de la cascada de traiciones, perjurios y felonías que alumbraron el texto constitucional. Ni, tan siquiera, en desatinos como el reconocimiento de “nacionalidades” o en catástrofes de la magnitud de la organización territorial autonómica del Estado, prevista  en el Título VIII.

Será un breve repaso a alguno de los derechos que se nos vienen a reconocer y que van quedando en poco menos  que meras declaraciones de intenciones. Porque si analizamos a fondo la Constitución da para un libro, cuya conclusión sería su incapacidad manifiesta para garantizar los fines que dice propugnar. 

El derecho al trabajo, a la libre elección de la profesión y a una remuneración justa, del artículo 35, parece hoy en día -época del trabajo a tiempo parcial, de los falsos autónomos y de los despidos a discreción gracias a la “flexibilidad del mercado laboral”- una verdadera broma. Por no obviar la tasa de desempleo del pasado año, que fue de un 16,5%, comparada con el 5,7%, de enero de 1978.

El derecho a “una vivienda digna y adecuada”, del artículo 47,  y el mandato a los poderes públicos  para que lo hagan efectivo regulando el suelo e impidiendo la especulación. Un verdadero brindis al sol, cuando la semana pasada se suicidaba una mujer desahuciada en Madrid y otra, esta vez una anciana con 99 años, también va a ser desalojada de su vivienda. Pueden explicárselo, el derecho a la vivienda, a las víctimas de la primera burbuja inmobiliaria o a aquellos que pagan 500 euros por el alquiler de una habitación. Cuando, según estudios del Banco de España, el precio del metro cuadrado en España, allá por 1978, hubiese estado rondando los 250 euros y en 2018 ha superado nuevamente los 1.300. 

Y es que así no hay quien viva. Y, de ese modo, el derecho a la vida, del artículo 15, la protección social y económica de la familia y la de los hijos, del artículo 39, queda carente de contenido. Porque la Constitución no ha logrado proteger “a todos los españoles y pueblos de España”, como enuncia en su preámbulo. Durante estos años España se ha ido vaciando de vida y pasado de una tasa de fertilidad, en 1978, de 2,54 hijos por mujer a 1,31, el año pasado. 

Y cuando una España cada cada vez más vieja vaya muriendo, entre oropeles democráticos y constitucionales, ya habrá alguno que  se alegre por no tener que pagar pensiones, ni garantizar una sanidad pública y, qué decir, de la educación. Bien pudiera nuestra norma suprema permanecer cuarenta años más.  Pero el pueblo español no sobrevivirá a otras cuatro décadas de Constitución. 

Miguel Sardinero 

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