Se contempla una querella contra Pedro Sánchez por prevaricación en el tema del Valle

El Juzgado de Instrucción n°9 de Madrid rechaza la petición de la asociación “Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado”, y niega la posibilidad de acumular causas contra Hogar Social Madrid y Hogar Social Toledo, denegando la remisión a la Audiencia Nacional para ser investigado por asociación ilícita.

Desde la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos (ADVC), su presidente, Pablo Linares, acusa a Sánchez de dar «bandazos terribles» en este asunto. Esta organización estudia la posibilidad de presentar una querella contra el presidente de Gobierno por prevaricación.

La última ocurrencia del jefe del Ejecutivo, como ha propuesto, es convertir el monumento en un cementerio civil porque, en su opinión, es muy difícil que pueda llegar a ser un lugar de reconciliación.

Esta iniciativa supondría una variación sobre la proposición de ley presentada por el PSOE en el Congreso hace tan solo unos meses, en diciembre de 2017. En ella apostaban por hacer del Valle «un centro nacional de memoria impulsor de la cultura de la reconciliación, la memoria colectiva democrática y la dignificación y reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura a través de programas culturales, museísticos y de investigación».

Para Pablo Linares, sobre el tema de la exhumación “tiene que hacerse lo que diga la familia. En el momento en el que dice que no da su visto bueno, nosotros no tenemos absolutamente nada que decir. Pero es que además se nos hace muy complicado pensar que alguien que lleva machaconamente diciendo que los restos de 33.847 caídos fueron llevados al Valle sin permiso de las familias quiera hacer lo mismo con el general Franco. Quieren pasar por encima del permiso de la familia, del permiso de la Iglesia y del sentir de muchos españoles”.

El presidente de la ADVC se plantea tomar medidas: “independientemente del derecho de la familia, los únicos que tienen capacidad de decisión son los monjes benedictinos, y en última instancia, el Vaticano. Como esto está avalado por los acuerdos Iglesia-Estado del año 79 y el presidente Sánchez lo sabe, o por lo menos lo debería saber, el decreto tiene claros indicios de poder estar prevaricando. Lo digo con la lógica cautela que un tema de esta importancia merece. Nuestros servicios jurídicos están estudiando la posibilidad de interponer una querella por prevaricación contra el presidente Sánchez por este tema. No por el hecho de que sea Franco o no, sino por lo que supone de violación de un templo católico”.

Redacción

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