El abogado de Juana Rivas reconoce que su clienta ha estado mal asesorada por intereses feministas

Fiscalía mantiene su petición de cinco años de cárcel por dos delitos de sustracción de menores y añade el cargo de desobediencia contra Juana Rivas, quien acudió al juicio celebrado a raíz de la denuncia del padre de los menores -Francesco Arcuri-

El Ministerio Público ha solicitado una condena de cinco años de prisión a la que se ha adherido la acusación particular.
La defensa por su parte ha solicitado la libre absolución al entender que Rivas actuó sin «dolo» y de forma «errónea» al estar «muy mal asesorada». El titular del Juzgado número 1 de lo Penal, Manuel Piñar, le dijo a la acusada, en referencia al asesoramiento recibido, que la próxima vez «eligiera mejor a sus abogados». Sin embargo la principal asesora de Juana Rivas -Francisca Granados- ni si quiera es abogada, tanto es así que ha tenido que responder en los tribunales por una querella por intrusismo profesional, presentada por el Colegio de abogados de Granada por su actuación en el caso.

La junta directiva del colegio granadino considera que la licenciada en derecho, asesora jurídica del Centro Municipal de la Mujer (CIM) de la localidad granadina de Maracena y conocida activista feminista, ha actuado como abogada, algo para lo que no está capacitada al no estar colegiada, requisito ineludible para ejercer la labor procesal en los tribunales.

La defensa de Juana Rivas, ejercida actualmente por el letrado José Estanislao López, demostró la existencia de un correo electrónico de agosto de 2016 donde la madre de los menores comunicó al padre su decisión de quedarse en España y le informó del domicilio donde estaban sus hijos. El padre sin embargo , que declaró por videoconferencia desde un tribunal en Italia, dijo «no recordar» si en dicho correo venía o no la dirección donde se encontraban los menores. La intención del letrado era demostrar que no estaban en paradero desconocido.

La fiscal sí consideró probado que Juana Rivas se quedó con los dos hijos de la pareja en España sin contar con el consentimiento del padre y una vez aquí desobedeció todos los dictámenes judiciales que la obligaban a devolver a los dos menores al país transalpino, incurriendo en dos delitos de sustracción y otro de desobediencia. «Cuando me vine de Italia estaba aterrada y aquí siempre he creído que estaba dentro de la ley, por eso cuando me asesoraron para que entregara a los hijos lo hice, no antes. Yo siempre he querido actuar protegiendo a mis hijos, no lo hice con ninguna otra intencionalidad y siempre como una madre que quiere lo mejor para sus hijos», dijo Rivas durante su declaración.

El letrado de Arcuri, Enrique Zambrano, expuso el calvario por el que ha pasado el padre de los menores después de no poder comunicarse con ellos en diez meses. Defendió que su cliente ejercía de padre en Italia haciéndose cargo de sus hijos y que no comprende cómo Juana Rivas trató de llegar a acuerdos con él para establecer un régimen de visitas, tal y como le propuso en distintas comunicaciones, si realmente era un maltratador. Zambrano afirma que ya existía una propuesta de los peritos forenses en Italia para que la patria potestad de los menores quedaran en manos del padre.

Rivas pidió al final de la sesión «justicia» porque sólo ha querido «proteger» a sus hijos en todo momento y ahora quiere recuperarlos.

Redacción

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