Cada refugiado del Aquarius costará al contribuyente español 10.000 euros al año

Las comunidades autónomas y los ayuntamientos son verdaderos agujeros negros y pozos sin fondo por los que, políticos irresponsables, dilapidan una cantidad exorbitada de dinero público para subvencionar a los inmigrantes ilegales. En sentido jurídicamente estricto, la asistencia social no es competencia exclusiva del Estado, sino que está a merced del guirigay del sistema autonómico. De momento, ninguna autonomía puede meter la mano en las prestaciones de la Seguridad Social.

Pero, como decimos, son autonomías y municipios los que generosamente conceden todo tipo de ayudas a los irregulares. Es el caso de la Renta Valenciana de Exclusión, con la que la Generalitat va a pagar 532 euros al años a los inmigrantes del “Aquarius”. La asistencia social es discrecionalmente obsequiada por estas administraciones a los inmigrantes, incluso violando la normativa establecida.

A los gastos de la paga hay que sumarles otros muchos, como habitaciones en hostales e incluso viviendas. Sin embargo, la cifra que los medios de comunicación y políticos inmigracionistas callan, es la del coste social para los españoles. Es decir, las prestaciones de las que muchos compatriotas, en situación de emergencia social, van a dejar de beneficiarse para concedérselas a los inmigrantes del “Aquarius”.

Francisco Alonso

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