Delitos de odio: la Policía detrás de la inseguridad jurídica de los españoles blancos

Muchos agentes de diversos cuerpos policiales muestran, en chats o conversaciones privadas, su indignación respecto a la inseguridad ciudadana que la inmigración masiva genera en las calles de nuestro país. Sin embargo, esta indignación no se refleja cuando ellos mismos, o muchos de sus compañeros, realizan una investigación o califican un delito.

Y es que los delitos de odio han quebrado, aún más si cabe, la seguridad jurídica de los ciudadanos españoles de raza blanca. Basta que un individuo extranjero o extranjero pero con DNI español -cualquier nacionalizado- denuncie o acuse a un españolito de a pie para que los agentes se lancen sobre el asunto, como elefantes en una cacharrería, al grito de “¡delito de odio!”. Las denuncias falsas de extranjeros o de nacionalizados españoles de raza distinta a la blanca proliferan. Una puerta trasera y un flagrante fraude de ley, conocido por la Policía, del que esta gente hace cada vez más uso para dirimir, desde una posición de superioridad, cualquier cuestión. El anterior argumento baladí y el exabrupto de “¡RASISTA!” que cualquier español ha debido soportar, cuando ha reprobado una conducta incívica a un inmigrante, se ha transformado en una figura legal que puede llevarnos a prisión.

Debe ser que cuanto más delitos de odio figuren en el expediente de, por ejemplo, el agente José Luis, más posibilidades tendrá este celoso brazo de la ley de medrar en alguno de los muchos cuerpos policiales de nuestro país. Estadísticas muy suculentas y mediáticas proclamadas a los cuatro vientos, en televisiones y periódicos.

Los artículos 22.4º y 510 del actual Código Penal son un agujero negro en la seguridad jurídica de las españoles blancos. Máxime cuando su primera interpretación, a pie de calle y de comisaría, está a merced de unos funcionarios -los policías- cuyos conocimientos jurídicos distan mucho de ser los deseables. Puede que los jueces no aprecien esos delitos de odio que con tanta determinación policías y guardias civiles ven aquí y allá. Pero las horas o noches en comisaría y la denuncia, a la espera de que el juez se pronuncie, ahí quedan.

Ángel Aguado

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