El Tribunal Supremo avala el «impuesto al Sol»

En lo que vendría a suponer un nuevo dislate judicial y una traba para incentivar el empleo de energías renovables, el Supremo ha defendido el popularmente conocido «impuesto al Sol»: una tasa que se aplica a quienes utilizan placas solares para generar su propia energía.

Así, la sentencia de la Sala de lo Contencioso- Administrativo desestima el recurso presentado por la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (ANPIER) contra el real decreto que en octubre de 2015 reguló las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo.

En primer término, la sentencia considera «importante» resaltar que el autoconsumidor que depende exclusivamente de la energía que él mismo genera y que no está conectado al sistema eléctrico no paga nada. «No hay por tanto, y frente a la expresión que ha hecho fortuna, ‘impuesto al sol’ propiamente tal, sino contribución a los costes del sistema cuando un autoconsumidor, además de consumir la energía generada por él mismo, dispone del respaldo del sistema eléctrico para consumir electricidad del sistema en cualquier momento que lo necesite y, en su caso -como es lo habitual-, la consume efectivamente», dice el Supremo.

El recurso sostenía que el real decreto vulneraba la Ley del Sector Eléctrico, en la que se establece que los autoconsumidores han de pagar «los mismos peajes de acceso a las redes, cargos asociados a los costes del sistema y costes para la provisión de los servicios de respaldo del sistema que corresponden a un consumidor no sujeto a ninguna de las modalidades de autoconsumo». Por el contrario, en opinión de los recurrentes el Gobierno imputó a los autoconsumidores dos cargos adicionales-cargo variable transitorio y cargo fijo- por la energía consumida y, en algunos casos, por la potencia instalada.

Por su parte, la Sala no comparte la tesis de la asociación recurrente de que el real decreto impone a los autoconsumidores cargos que no tiene que pagar el consumidor normal. Asimismo, concluye diciendo que el criterio empleado por el Gobierno «puede resultar objetable para la Asociación recurrente, pero no supone infracción alguna» de la Ley del Sector Eléctrico, «pues no es cierto que el autoconsumo pague más cargas o peajes que el consumidor ordinario».

Luz Marrero

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