Condenan a 15 miembros de CasaPound por defenderse de una brutal agresión de la ultraizquierda

Los hechos se produjeron en el contexto de las revueltas estudiantiles contra la reforma Gelmini, que pretendía la privatización de las universidades públicas italianas, en octubre de 2008. Miles de estudiantes salieron entonces a la calle a manifestarse contra el decreto movilizados, en gran medida, por el Blocco Studentesco -vinculado a CasaPound- que cuenta con un fuerte arraigo entre la comunidad estudiantil del país transalpino.

Durante las protestas, organizaciones de extrema izquierda pretendieron politizar las reivindicaciones. No obstante, fueron rechazados en diversas ocasiones por los universitarios en aras de un movimiento unitario y amplio. El rechazo sufrido, unido a la importante presencia del Blocco Studentesco, hicieron estallar a las organizaciones comunistas que, en virtud de sus propios intereses, provocaron altercados en el grueso de las manifestaciones e intentaron agredir a varios estudiantes que integraban el Blocco.

Los sucesos se desarrollaron en la Piazza Navona, una de las plazas más importantes de Roma, cuando varios miembros del Blocco se vieron rodeados por un grupo armado de extrema izquierda. Los militantes de CasaPound, muy superados en número, intentaron defenderse y repelieron la agresión. Estos enfrentamientos supusieron una animadversión aún mayor hacia los grupos comunistas, ya que intentaron dividir las protestas, por lo que la comunidad universitaria se solidarizó con los estudiantes del Blocco Studentesco.

Casi diez años después, se emite la sentencia sobre aquellos hechos y, contra todo pronóstico, las autoridades han condenado a quince miembros del colectivo social patriota que intentó defenderse y sólo a tres individuos de extrema izquierda.

Según informa Il Primato Nazionale, las condenas van desde un año a un año y nueve meses de prisión. Asimismo, portavoces de CasaPound Italia denuncian la existencia de irregularidades durante todo el proceso y, en ocasiones, «prácticas contrarias a la legalidad» por parte de las autoridades judiciales. De igual modo, señalan que se trata «de un juicio político» y de una sentencia hecha a medida con fines electoralistas.

Luz Marrero

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