El editorial de la semana: La vara de medir

La corrupción, el latrocinio y la caradura han impactado –de forma inequívoca- en la más alta institución del Estado: la Corona. Pese a que la infanta Cristina ha resultado, más o menos ilesa, del vendaval de hez que el caso Nóos ha dejado a su paso, la excrecencia  de la rapiña y el saqueo acompañará, de ahora en adelante,  a su aristocrática figura.

Pero salvaguardar la integridad penal de la infanta Cristina se transformó en una auténtica cuestión de Estado. Se vio al Rey emérito cazar elefantes en Botsuana cuando el país estaba inmerso en una de las más graves crisis económicas de su historia. También quedaron testimonios gráficos de sus bailes, idas y venidas con Corina, su amante. Incluso puede que en el imaginario popular quede la impronta de un don Juan Carlos, más joven y lozano, rumbo a su chalé franco en una de sus visitas a Bárbara Rey. Una vida de fiestas, juergas y lujo a cargo de los Presupuestos Generales del Estado.

Sin embargo, el ver a don Juan Carlos camino del Puerto de Santamaría o Alcalá Meco con una escolta de alabarderos era algo que, bajo ningún concepto, podía admitirse. Y para ello, además del gallinero mediático armado por los medios de la caspa monárquica, se buscó a un fiscal que más que un fiscal tendría que considerarse un abogado defensor.  Pedro Horrach, “un admirador, un esclavo, un amigo, un siervo”.

Y así, contra toda lógica, la infanta Cristina ha resultado absuelta por la Audiencia de Palma. Al parecer, desconocía los tejemanejes de su esposo. Por su parte, Iñaki Urdangarín ha sido condenado a una pena de seis años de prisión, a pesar de que, para conseguir contratos públicos irregulares, hizo uso de “su privilegiado posicionamiento institucional del que disfrutaba, dada su proximidad a la Jefatura del Estado”

Pero más allá del revuelo informativo que la sentencia del caso Nóos ha traído consigo, lo que pesa sobre la ciudadanía es la impunidad con la que ciertos delincuentes cuentan en nuestro país. Sí, impunidad.

Son todos esos servidores públicos, cargos electos o miembros de cualquier Administración que abiertamente roban, prevarican, trafican con influencias de una manera descarada, cobran sobresueldos, evaden capitales, no cumplen con sus obligaciones tributarias, etc., etc.

Aquellos que difícilmente van a sentarse en el banquillo de los acusados y cuyas miserias, muchas veces, quedan diluidas en eternas instrucciones judiciales. Los blindados por aforamientos. Son los que se pueden permitir pagar fianzas de seis o más cifras y seguir disfrutando de la vida. Si pasan por prisión lo hacen de manera rápida, en los mejores centros penitenciarios. Y cuando salen, algunos tienen la desfachatez de declararse perseguidos y víctimas de conspiraciones y otros, los más, pasan a un discreto tercer plano en el que disfrutan de lo robado y no devuelto.

Iñaki Urdangarín y doña Cristina, los del Palacete en Pedralbes de 7 millones de euros y tres más de reforma. Los del exilio dorado en Washington. ¿Qué es el millón y pico de euros de multa impuestos por la Audiencia de Palma para esta pareja?

Queda claro que la justicia en España tiene dos varas de medir. Una blanda, elástica  y benévola para los privilegiados, independientemente de su adscripción política. La otra, la que se aplica al español de a pie, es dura, inmisericorde e inflexible.

Redacción

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