Relaciones comerciales de dudosa legalidad entre empresas de sistemas armamentísticos y el Ejército español

El Tribunal de Cuentas reconoce que la reestructuración del Ministerio de Defensa abordada en 2014 supuso un “importante esfuerzo de centralización y simplificación” de las estructuras de gestión de los grandes programas de armamento, hasta entonces “altamente compartimentada y en ocasiones redundante”, lo que “derivaba en una dispersión de competencias e impedía un seguimiento y control adecuado”.

Ahora advierte de otro riesgo: la infradotación de medios humanos. Ninguna de las oficinas de los grandes programas, que gestionan en total unos 30.000 millones, tiene su plantilla al completo, hasta el punto de que más del 40% del personal pertenece a la empresa pública Isdefe. A ello se suma la alta rotación de los militares y el hecho, que el tribunal ve con estupor, que los adscritos a las agencias internacionales se vean relegados en su carrera profesional.

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente de Hacienda, anuló el pasado 24 de junio un contrato por 18,8 millones de euros concedido por el Ejército de Tierra a la empresa General Dynamics European Land Systems-Santa Bárbara Sistemas (GDSBS). En su resolución, consideraba inaceptable que se adjudicaran, sin licitación ni publicidad, suministros y servicios de mantenimiento para el Leopard y que se presentara el encargo como una mera adenda, la número 25, al contrato de compra de dichos carros de combate, que data nada menos que de 1998, hace ya 18 años.

Lo que no explicaba la resolución es que lo que se buscaba con esta adjudicación es que la empresa no tuviese que devolver al Estado 18,8 millones de euros cobrados de más, aunque para ello se recurriera a una fórmula de dudosa legalidad.

Redacción

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