Los máximos responsables del banco chino ICBC en España investigados por delito de blanqueo

La cantidad blanqueada puede ascender a más de 90 millones de euros desde el establecimiento del banco en España en 2011.

Desde entonces, relata Anticorrupción, el modelo de negocio consistía en captar el efectivo de compatriotas que acudían a la sucursal de la calle Recoletos en Madrid “portando en mochilas, bolsas y cajas, las remesas de efectivos para transferirlas en un breve plazo de tiempo, a veces de inmediato, a China”.

Además este “canal de blanqueo” habría sido puesto al servicio de diversas organizaciones criminales de ciudadanos chinos, entre ellas las investigadas en las operaciones “Emperador” y “Snake” en la que fueron detenidas 31 personas e imputadas otras 47, en mayo de 2015.

El director general de la sucursal en Madrid, Wei Liu, su adjunta, Xiuzhen Wang, el director general del ICBC Europa, Liu Wang y los directivos Jing Wang Huang, Chen y Dayan Li, favorecieron, según el fiscal, ingentes transferencias entre 2011 y 2014 por importe de 90 millones de euros.

Unos “masivos abonos” que el ICBC procuraba ocultar “troceando” las cantidades en importes inferiores al umbral de los 50.000 euros, límite a partir del cual la ley española exige la declaración de bienes en el extranjero, con el fin de “ocultar los flujos de salida al exterior a las autoridades supervisoras”.

Así lo dicta el magistrado juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, en un auto en el que estima las valoraciones de la Fiscalía Anticorrupción y acepta la competencia de la Audiencia Nacional en el proceso tras la inhibición el pasado 16 de abril del Juzgado de Instrucción número 7 de Parla (Madrid), encargado hasta ahora de la investigación.

Por todo ello, el fiscal apoya la inhibición de la juez de Parla, ahora refrendada por la Audiencia Nacional, y cierra la puerta a que las defensas puedan alegar una falta de competencia de la sala al tratarse de conductas de blanqueo cometidas fuera de España, ya que en estos delitos prima la aplicación de la justicia universal, al existir indicios de conductas que “han perjudicado seriamente” tanto al orden socioeconómico como a la economía española.

J. Garrido

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